El sistema de justicia criminal de Texas es uno de los más extensos del país: Texas tiene la segunda mayor población carcelaria de cualquier estado, con más de 140,000 personas encarceladas bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ; 209 West 14th Street, Austin, TX 78701). El Código Penal de Texas (TPC) y el Código de Procedimientos Criminales de Texas (TCCP) gobiernan los crímenes y los procesos criminales en el estado. Los delitos en Texas se dividen en faltas (misdemeanors — Clase A: multa hasta $4,000 + hasta 1 año de cárcel del condado; Clase B: hasta $2,000 + hasta 180 días; Clase C: solo multa hasta $500) y delitos graves (felonies — Capital: cadena perpetua o pena de muerte; de Primer Grado: 5-99 años o cadena perpetua + hasta $10,000; de Segundo Grado: 2-20 años + hasta $10,000; de Tercer Grado: 2-10 años + hasta $10,000; Delito de Estado: 180 días - 2 años en cárcel estatal). El Tribunal Supremo de Justicia Criminal de Texas (Texas Court of Criminal Appeals — CCA; 201 West 14th Street, Austin, TX 78701) es el tribunal de más alta apelación en materias criminales — diferente al Tribunal Supremo de Texas que maneja asuntos civiles.
La pena de muerte en Texas es un tema de importancia nacional: Texas ejecuta más personas que cualquier otro estado. El sistema de pena de muerte de Texas requiere que el jurado encuentre que el acusado es "probable que constituya una amenaza continua a la sociedad" (future dangerousness) y que no hay suficientes circunstancias mitigantes para impedir la pena de muerte. El Centro de Justicia Criminal de Huntsville (Huntsville, Walker County) aloja la cámara de ejecución de Texas. La Unidad de Huntsville (815 12th Street, Huntsville, TX 77340), el Ellis I, y la Unidad Polunsky (3872 FM 350 South, Livingston, TX 77351 — donde está el corredor de la muerte) son instalaciones críticas del TDCJ. Texas ejecutó a más de 580 personas desde la reinstauración de la pena de muerte en 1982, más que cualquier otro estado en EE.UU. La defensa en casos capitales en Texas requiere abogados especializados con capacitación específica bajo los estándares del TCCP sec. 26.052.
Los delitos relacionados con las drogas son los delitos más comunes en el sistema de justicia criminal de Texas, y el uso de drogas ilegales afecta desproporcionadamente a las comunidades de color. El TPC sec. 481.002 et seq. clasifica las drogas en Grupos de Penalidades (Penalty Groups 1, 1A, 2, 2A, 3, 4), con penalidades que varían desde una falta de Clase B (menos de 2 onzas de marihuana para uso personal) hasta un delito grave de Primer Grado (más de 400 gramos de cocaína o heroína). IMPORTANTE: Texas NO ha legalizado ni despenalizado la marihuana medicinal o recreativa para uso general — solo el Programa de Uso Compasivo de Texas (Compassionate Use Program — TCUP) permite el cannabis de bajo THC (menos de 1% THC) para condiciones médicas específicas. La Operación Estrella del Río (DEA Dallas Field Division; 10160 Technology Blvd East, Suite 100, Dallas, TX 75220) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS; 5805 N. Lamar Blvd, Austin, TX 78752) realizan operaciones antidroga en la frontera con México y en los corredores de narcotráfico de la I-35 y la I-10.
Las leyes de armas de Texas son entre las más permisivas del país. Desde el 1 de septiembre de 2021, Texas permite el porte abierto y oculto de armas de fuego sin permiso para personas de 21 años o más que legalmente pueden poseer armas (el llamado "constitutional carry" o "permitless carry" bajo HB 1927 del 87th Legislature, codificado en TPC sec. 46.02). A pesar de esta ley permisiva de porte, ciertos lugares siguen siendo zonas prohibidas para armas: edificios del gobierno, tribunales, hospitales, parques de atracciones, instalaciones penitenciarias, y escuelas. El delito de "posesión de arma prohibida" (TPC sec. 46.04) prohíbe a personas convictas de delitos graves poseer armas de fuego. Para los residentes no ciudadanos — incluyendo residentes permanentes legales (Green Card holders) — la posesión de un arma de fuego puede tener consecuencias migratorias bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) sec. 237(a)(2)(C), ya que la ley federal (18 U.S.C. sec. 922(g)(5)) prohíbe a ciertos extranjeros poseer armas de fuego.
El sistema de Defensoría Pública en Texas está fragmentado — a diferencia de California (que tiene un sistema estatal), Texas administra las defensorías a nivel de condado, y muchos condados rurales no tienen una defensoría pública permanente, lo que lleva a que los jueces asignen abogados privados de listas de turno (assigned counsel). La Comisión de Representación Legal de Texas (Texas Indigent Defense Commission — TIDC; 205 West 14th Street, Suite 700, Austin, TX 78701) supervisa la defensa indigente en el estado y distribuye fondos a los condados. Los condados grandes tienen sus propios sistemas: la Oficina del Defensor Público del Condado de Harris (1201 Franklin Street, Suite 13, Houston, TX 77002), la Defensoría Pública del Condado de Dallas (133 North Riverfront Boulevard, Suite LB-2, Dallas, TX 75207), y el Defensor Público del Condado de Bexar (101 W. Nueva Street, Suite 370, San Antonio, TX 78205). Las comunidades hispanas de Texas que interactúan frecuentemente con el sistema de justicia criminal en El Paso (Condado de El Paso — 500 East San Antonio Avenue), Laredo (Condado de Webb — 1110 Victoria Street), y el Valle del Río Grande (Condado de Hidalgo, Cameron, Starr) tienen recursos legales diferentes según el condado.