El sistema de justicia criminal de California opera en la escala de una nación mediana: la Defensoría Pública del Condado de Los Ángeles (210 West Temple Street, Los Ángeles, CA 90012) es la oficina de defensa pública más grande del mundo, con más de 700 abogados defensores que representan a más de 200,000 clientes por año. El estado tiene 58 Tribunales Superiores de condado que funcionan como tribunales de primera instancia en casos penales, seis Tribunales de Apelación distritales, y la Corte Suprema de California (350 McAllister Street, San Francisco, CA 94102) como tribunal final de apelación estatal. Las reformas de justicia criminal de California de la última década — incluyendo la Proposición 47 (2014), que redujo ciertos delitos de drogas y propiedad de crímenes graves a crímenes menores (misdemeanors); la Proposición 57 (2016), que expandió la libertad condicional para ofensores no violentos; y la Ley AB 109 (2011), que transfirió a los preos de nivel bajo de la cárcel estatal a las cárceles de los condados — han producido una reducción significativa en la población carcelaria estatal pero con variaciones enormes entre condados.
La Ley de Tres Golpes de California (Penal Code sec. 667), aprobada por los votantes en 1994 y reformada significativamente por la Proposición 36 de 2012, exige una sentencia mínima de 25 años a cadena perpetua para una persona condenada por un tercer crimen grave o violento si ya tiene dos condenas previas por crímenes graves. Antes de la Proposición 36, cualquier tercer crimen — incluso crímenes menores como el robo de pizza — podía desencadenar la sentencia de tres golpes; la reforma de 2012 requirió que el tercer crimen también sea grave o violento para que se aplique la sentencia de cadena perpetua. Las condenas de tres golpes tienen profundas implicaciones para las comunidades negras y latinas de California, que están sobrerrepresentadas en el sistema de justicia criminal: el Centro de Justicia Criminal Earl Warren de la Facultad de Derecho UC Berkeley (2850 Telegraph Avenue, Berkeley, CA 94705) ha documentado las disparidades raciales en la aplicación de la ley de tres golpes en condados de todo el estado.
California fue el primer estado grande de los Estados Unidos en legalizar el cannabis medicinal (Prop 215, 1996) y el primero en legalizar el cannabis recreativo para adultos mayores de 21 años a través de la Proposición 64 (Código de Salud y Seguridad sec. 11357 et seq.), aprobada en noviembre de 2016. La posesión de hasta 28.5 gramos de cannabis (aproximadamente una onza) es legal en California para adultos mayores de 21 años; el cultivo de hasta seis plantas en el hogar para uso personal es legal; y las tiendas de cannabis con licencia pueden vender cannabis recreativo en los municipios que lo permiten. Sin embargo, el tráfico de cannabis (venta sin licencia), la posesión por menores de 21 años, el transporte entre estados, y la conducción bajo la influencia del cannabis siguen siendo delitos en California. El crimen de DUI-cannabis se enjuicia bajo Vehicle Code sec. 23152(f), y a diferencia de los estados con niveles de THC per se (cantidad determinada en sangre), California requiere prueba de que el conductor estaba realmente "bajo la influencia" — lo que genera batallas de peritos en juicios de DUI relacionados con cannabis.
Las consecuencias migratorias de las condenas penales son de importancia crítica para los millones de residentes no ciudadanos de California. La ley federal de inmigración clasifica ciertos delitos como "crímenes de vileza moral" (crimes of moral turpitude, CIMT), "delitos agravados" (aggravated felonies), y delitos relacionados con drogas que pueden resultar en deportación, inadmisibilidad, o denegación de naturalización. AB 32 de California (reformas al Penal Code sec. 1473.7) permite que un no ciudadano solicite la anulación de su condena si puede demostrar que su abogado no le advirtió adecuadamente sobre las consecuencias migratorias de su declaración de culpabilidad — un reconocimiento legislativo de la sentencia de la Corte Suprema de los EE.UU. en Padilla v. Kentucky (2010) que requirió asesoramiento de conseqüencias migratorias como parte de una representación efectiva del consejo. Los defensores criminales en Los Ángeles, San Francisco, San José, y otras comunidades con grandes poblaciones de inmigrantes deben analizar las implicaciones de inmigración de cada disposición del caso para sus clientes no ciudadanos.
La TRUST Act de California (Government Code sec. 7282 et seq.) y las políticas de santuario posteriores limitan la cooperación de las agencias de aplicación de la ley local con las solicitudes de detención de ICE (detainers). Bajo estas leyes, las agencias de la ley local de California — incluyendo el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (4700 Ramona Boulevard, Monterey Park, CA 91754) y el LAPD — generalmente no pueden detener a individuos más allá de su fecha de liberación solo porque ICE lo solicita. Sin embargo, las personas detenidas en cárceles de condado pueden seguir siendo identificadas por ICE a través del programa federal de identificación en cárceles (287(g)), y las personas sin documentos condenadas por delitos graves o crímenes de violencia pueden enfrentar deportación después de cumplir sus sentencias. El acceso a servicios de defensa de inmigrantes — como las clínicas de la Universidad de California (UCLA School of Law Immigration Law Clinic; 385 Charles E. Young Drive East, Los Ángeles, CA 90095) y la Coalición de Derechos de Inmigración de California (CIRC; 1000 Corporate Pointe, Culver City, CA 90230) — es crítico para los acusados no ciudadanos.
Las reformas de sellado y eliminación de antecedentes penales de California han evolucionado significativamente en los últimos años. El sellado de registros bajo Penal Code sec. 1203.4 (anteriormente conocido como "expungement" o desestimación de condena) permite que personas que completaron con éxito su libertad condicional soliciten que el tribunal establezca a un lado la declaración de culpabilidad. SB 731 (2023) expandió la elegibilidad para el sellado automático de muchos crímenes mayores (felonías) después de períodos de espera sin nuevas ofensas. Sin embargo, el "sellado" en California no es un borrado completo del registro — los registros permanecen accesibles para ciertas agencias gubernamentales, empleadores en sectores regulados (cuidado de niños, atención médica, ley), y en solicitudes de licencias para portar armas. La iniciativa Proposition 1 (2021) — reemplazada por SB 731 — y la más reciente Prop 36 (2024 — una propuesta diferente del mismo número) que reinstauró penas más duras para delitos de drogas y robos, reflejan la tensión continua en la política de justicia criminal de California entre la reforma y el endurecimiento.