El sistema de justicia criminal de Florida procesa más de un millón de casos anuales en sus 20 circuitos judiciales y 67 condados. El Código Penal de Florida (Florida Statutes, Capítulo 775 et seq.) clasifica los delitos en: faltas (misdemeanors) de Primer Grado (hasta 1 año en la cárcel del condado + multa de hasta $1,000), faltas de Segundo Grado (hasta 60 días + multa de hasta $500), y felonías (felonies) de Capital (pena de muerte o cadena perpetua), Primer Grado (hasta 30 años + multa de hasta $10,000), Primer Grado con Mínimo Obligatorio (10-30 años dependiendo del delito), Segundo Grado (hasta 15 años + multa de hasta $10,000), y Tercer Grado (hasta 5 años + multa de hasta $5,000). El Tribunal Supremo de Florida (500 South Duval Street, Tallahassee, FL 32399) es la corte de última apelación para todos los casos criminales de Florida, incluyendo los casos de pena de muerte. El Fiscal General de Florida (Office of Attorney General; The Capitol, PL-01, Tallahassee, FL 32399) supervisa la aplicación de la ley a nivel estatal.
Las consecuencias migratorias de las condenas criminales son una preocupación central para las comunidades latinas de Florida — especialmente la comunidad cubanoamericana de Miami que incluye muchos residentes permanentes y personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), la comunidad venezolana de Doral y Weston que incluye muchos solicitantes de asilo y beneficiarios de TPS, y la comunidad puertorriqueña de Kissimmee que, como ciudadanos americanos, no tiene preocupaciones de deportación pero puede enfrentar pérdida de beneficios públicos por condenas criminales. Para todos los no ciudadanos en Florida, la decisión de aceptar un acuerdo de culpabilidad (plea deal) debe considerar siempre las consecuencias migratorias: una condena por un "crimen de vileza moral" (CIMT) o un "delito agravado" bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) puede resultar en deportación obligatoria. El abogado defensor tiene el deber constitucional bajo Padilla v. Kentucky, 559 U.S. 356 (2010) de advertir a los clientes no ciudadanos sobre estas consecuencias.
La Ley de "Stand Your Ground" (también conocida como "Castillo de Protección") de Florida (sec. 776.012 y 776.032, Estatutos de Florida) ha sido uno de los estatutos más debatidos en el país desde el caso de Trayvon Martin en 2012 (Sanford, Condado de Seminole). Esta ley permite que una persona use fuerza, incluyendo fuerza mortal, para defenderse en cualquier lugar donde tenga derecho legal de estar, sin tener que intentar retirarse primero, si cree razonablemente que dicho uso de fuerza era necesario para prevenir la muerte, lesiones graves, o la comisión de un "forcible felony". En 2017, la Legislatura de Florida modificó la ley para requerir que la fiscalía lleve la carga de refutar la defensa de "Stand Your Ground" en una audiencia pre-juicio (sec. 776.032(4)), lo que resultó en más desestimaciones pre-juicio de casos donde el acusado invoca esta defensa. La ley aplica por igual a todos los residentes de Florida, aunque estudios académicos (incluyendo uno de la American Bar Foundation) han documentado que los casos de "Stand Your Ground" que involucran víctimas negras resultan con más frecuencia en decisiones de "no acusación" que los casos con víctimas blancas.
Las drogas y las leyes que las regulan son un punto de tensión significativo para las comunidades latinas de Florida. La marihuana en Florida NO ha sido legalizada para uso recreativo por adultos — la Enmienda Constitucional 3 de noviembre de 2024 fue aprobada por los votantes de Florida (más del 60% a favor), lo que legal izó el uso recreativo para adultos de 21+ años, pero la implementación está en proceso de regulación. La marihuana medicinal está legal en Florida desde 2016 bajo la Enmienda Constitucional 2 (Departamento de Salud de Florida administra las licencias de dispensarios). Posesión de marihuana sin licencia médica: menos de 20 gramos = falta de Primer Grado (hasta 1 año en cárcel + $1,000 de multa, sec. 893.13(6)(b)). Posesión de cocaína, heroína, o metanfetamina de cualquier cantidad = felonía de Tercer Grado (hasta 5 años, sec. 893.13). Los corredores de narcotráfico de Florida (I-95 desde Miami hasta la frontera con Georgia, la I-75 "Alligator Alley" desde Fort Lauderdale hasta Naples, y el tráfico marítimo por los cayos) hacen que Florida sea un estado con altos niveles de procesamiento de delitos de drogas.
La Oficina del Defensor Público de Florida opera a nivel de circuito. El Undécimo Circuito Judicial — Condado de Miami-Dade — tiene la mayor Defensoría Pública del estado: la Oficina del Defensor Público del Undécimo Circuito (1320 NW 14th Street, Miami, FL 33125; Ph: 305-545-1960). El Decimoséptimo Circuito — Condado de Broward — tiene su Defensoría Pública en 201 SE 6th Street, Suite 3700, Fort Lauderdale, FL 33301. Los no ciudadanos que enfrentan cargos criminales en Florida deben exigir que su Defensor Público u otro abogado les informe sobre las consecuencias migratorias ANTES de aceptar cualquier acuerdo de culpabilidad. El Proyecto de Inocencia de Florida (Florida Innocence Project; 1400 Village Square Blvd, Suite 3-345, Tallahassee, FL 32312) trabaja en la exoneración de personas injustamente condenadas. El ACLU de Florida (4343 W. Flagler Street, Suite 400, Miami, FL 33134) maneja casos de derechos civiles en el sistema criminal.