Arizona es un estado de "derecho al trabajo" (Right to Work, ARS 23-1301 et seq.), lo que significa que ningún trabajador puede ser obligado a unirse a un sindicato ni a pagar cuotas sindicales como condición de empleo. Sin embargo, los sindicatos existen y operan en Arizona — SEIU Local 5 organiza trabajadores de salud en Phoenix metro y International Brotherhood of Teamsters tiene presencia en distribución y transporte. Para trabajadores inmigrantes en Phoenix, esta neutralidad sindical forzada puede dificultar la organización colectiva que en estados más pro-sindicato facilita negociaciones de salario y condiciones.
La Ley de Salarios Justos y Familias Saludables de Arizona (Prop 206, ARS 23-363 et seq., aprobada en 2016) estableció un salario mínimo estatal escalonado que en 2025 alcanza $14.70/hr. Las ciudades pueden —y deben— superar este mínimo: Phoenix exige $15.80/hr y Flagstaff $17.40/hr. La misma ley introdujo el Tiempo Libre Remunerado por Enfermedad (Earned Paid Sick Time): 1 hora por cada 30 trabajadas, hasta 40 horas/año para empleadores con 15+ empleados, o hasta 24 horas/año para empleadores más pequeños. Para trabajadores de limpieza en hoteles del Strip de Scottsdale o en plantas de procesamiento en el corredor Mesa-Chandler, este beneficio puede ser decisivo al enfrentar una enfermedad familiar.
La Ley de Trabajadores Legales de Arizona (Legal Arizona Workers Act — LAWA, ARS 23-211 et seq.) obliga a TODOS los empleadores a verificar la elegibilidad laboral de nuevos empleados mediante E-Verify (ARS 23-214). Esta ley estatal va más allá de los requisitos federales y puede resultar en la suspensión o revocación de licencias comerciales a empleadores que contraten a trabajadores sin autorización. Para trabajadores DACA, la autorización laboral vigente satisface los requisitos de E-Verify. Para trabajadores sin estatus legal, esta ley reduce oportunidades de empleo formal y empuja hacia economía informal donde los abusos laborales son más difíciles de corregir.
La Ley de Derechos Civiles de Arizona (ACRA, ARS 41-1401 et seq.) prohíbe discriminación por raza, origen nacional, sexo, religión, color, y discapacidad en empleadores con 15 o más empleados. La discriminación por acento o idioma está protegida como forma de discriminación por origen nacional — relevante en empresas del turismo en Scottsdale, hoteles en Tempe/Mesa, y centros de atención telefónica donde se puede discriminar a empleados con acento hispano. El plazo para presentar queja ante la División de Derechos Civiles de Arizona (ACRD, 2005 N. Central Avenue, Suite 1450, Phoenix; 602-542-5263) es de 1 año desde el acto discriminatorio — más corto que en NJ (2 años) y WA (6 meses ante WSHRC).
La ACRD co-presenta quejas con la EEOC (3300 N. Central Avenue, Suite 690, Phoenix; 602-661-0002), que tiene plazo de 300 días para discriminación en el empleo. Para acoso sexual, la ACRA exige que los empleadores tengan políticas escritas contra el acoso. Las empresas de construcción en el corredor de crecimiento de Queen Creek-Maricopa-Buckeye y las empresas de hospedaje en Sedona y Flagstaff son sectores donde las quejas de discriminación son comunes para trabajadores de comunidades inmigrantes.
El robo de salarios (wage theft) en Arizona tiene mecanismos de denuncia ante la División de Trabajo del Departamento de Servicios Económicos (DES, 602-542-4515). El plazo es de 1 año para reclamos bajo la ley estatal (ARS 23-355) con posibilidad de recuperar el triple de los salarios no pagados (treble damages) más honorarios legales. Para trabajadores agrícolas en Yuma, la exención de overtime bajo FLSA federal (que no aplica a muchos trabajadores del campo) limita las protecciones, aunque la ley de salario mínimo estatal y el tiempo de enfermedad sí aplican al trabajo agrícola.
El programa de compensación de trabajadores de Arizona (ARS 23-901 et seq.) requiere que todos los empleadores con 1+ empleados tengan cobertura, ya sea a través de la Caja de Compensación del Estado (State Compensation Fund) o una aseguradora privada. La Comisión Industrial de Arizona (ICA, 602-542-4661) administra el sistema y resuelve disputas. Para trabajadores DACA, el WC aplica igualmente. Para trabajadores indocumentados lesionados en el trabajo, los beneficios de WC siguen disponibles bajo la mayoría de interpretaciones de la ley de AZ — aunque en la práctica, el miedo a la deportación puede desalentar los reclamos. Poder in Action (602-492-1814) y Chicanos Por La Causa (602-257-0700) apoyan a trabajadores en disputas laborales.