Arizona clasifica los delitos en seis clases (ARS 13-601 et seq.): Clase 1 (homicidio en primer grado — cadena perpetua o pena de muerte), Clase 2 (violación, robo a mano armada — hasta 12.5 años de presunción; hasta 35 años con agravantes), Clase 3 (asalto agravado — hasta 8.75 años), Clase 4 (DUI agravado, robo $3,000-$4,999 — hasta 3.75 años), Clase 5 y 6 (delitos menores, con Clase 6 pudiendo ser designada como misdemeanor). Los misdemeanors se clasifican en Clase 1 (hasta 6 meses y $2,500), Clase 2 (hasta 4 meses), y Clase 3 (hasta 30 días).
A diferencia de Washington —que abolió la pena de muerte en 2018 y 2023— Arizona mantiene la pena capital con ejecuciones realizadas ocasionalmente. La Corte Suprema de EE.UU. en Atkins v. Virginia (536 U.S. 304, 2002) prohibió ejecutar a personas con discapacidad intelectual. La Sala del Corredor de la Muerte de Arizona (Death Row) alberga a varios inmigrantes condenados, cuyas apelaciones frecuentemente involucran argumentos sobre asistencia consular (Convención de Viena, Artículo 36) — el derecho a ser notificado de la posibilidad de contactar al consulado de su país al momento del arresto.
La Proposición 200 de Arizona (1996) ordenó que los delincuentes no violentos de primera vez acusados de posesión o uso de drogas recibieran tratamiento y libertad condicional en lugar de prisión — una reforma progresista avant la lettre. Posteriormente, la Proposición 207 (Smart and Safe Arizona Act, 2020; ARS 36-2851 et seq.) legalizó la marihuana para mayores de 21 años: hasta 1 oz de flor, 5 gramos de concentrado, y cultivo de hasta 6 plantas en el hogar. Las tiendas dispensadoras operan en todo el Valle de Maricopa y en el corredor Tucson-Flagstaff.
Para condenas previas de marihuana, ARS 36-2862 (vigente desde 2021) permite la eliminación (expungement) de condenas por conductas que ahora son legales bajo Prop 207. En 2023, la Legislatura aprobó HB 2067, creando un mecanismo de expungement más amplio para delitos no peligrosos y no sexuales, con espera de 5 años tras completar la sentencia. Esto contrasta con el "Set Aside" tradicional de Arizona (ARS 13-907) — que no elimina el registro pero añade una anotación de "set aside" — visible en verificaciones de antecedentes pero señalando rehabilitación.
La historia del Condado de Maricopa es inseparable de la vigilancia de inmigración: en Melendres v. Arpaio (784 F.3d 1254, 9th Cir. 2015), el Noveno Circuito confirmó que la Oficina del Sheriff de Maricopa (MCSO) había realizado perfilación racial sistemática contra latinos durante las operaciones del ex-Sheriff Joe Arpaio. La orden de consentimiento (consent decree) resultante continúa bajo supervisión judicial. En Arizona v. United States (567 U.S. 387, 2012), la Corte Suprema anuló la mayoría de la SB 1070 por preemption federal, aunque sobrevivió la disposición que permite verificar el estatus migratorio durante paradas legales de tráfico (ARS 11-1051(B)).
Para personas detenidas en Arizona con cargos penales, el derecho a la asistencia consular bajo el Artículo 36 de la Convención de Viena debe ser informado al momento del arresto. El Consulado General de México en Phoenix (1990 W. Camelback Road, Suite 110; 602-242-7398) interviene activamente en casos donde ciudadanos mexicanos enfrentan pena de muerte o cargos graves. Padilla v. Kentucky (559 U.S. 356, 2010) obliga al defensor a informar sobre consecuencias migratorias. Florence Project (Florence, AZ; 520-868-0191; florenceproject.org) proporciona representación en casos de detención migratoria relacionada con cargos penales.
La Defensoría Pública del Condado de Maricopa (Public Defender, 602-506-7711) atiende a acusados indigentes en inglés y español. En el Condado de Pima, la Defensoría Legal de Pima (520-724-6800) tiene un equipo bilingüe. ACLU Arizona (602-650-1854; acluaz.org) litiga casos con implicaciones raciales y de inmigración. Para apelaciones en casos graves, el Tribunal de Apelaciones de Arizona Divisiones 1 (Phoenix) y 2 (Tucson) revisan casos del tribunal superior. El Tribunal Federal del Distrito de Arizona (401 W. Washington Street, Phoenix; 602-322-7250) maneja casos federales y apelaciones al Noveno Circuito.