El sistema de justicia criminal de Pennsylvania está regulado por el Código Penal de Pennsylvania (Pennsylvania Crimes Code — 18 Pa.C.S.) y el Código de Procedimiento Criminal (Pennsylvania Rules of Criminal Procedure). Los delitos en Pennsylvania se dividen en "summary offenses" (infracciones leves — multas y hasta 90 días de encarcelamiento), "misdemeanors" (faltas — Grado 3: hasta 1 año; Grado 2: hasta 2 años; Grado 1: hasta 5 años), y "felonies" (delitos graves — Grado 3: hasta 7 años; Grado 2: hasta 10 años; Grado 1: hasta 20 años), además de los delitos con penas especiales de primer grado como el asesinato. Pennsylvania aún tiene la pena de muerte, aunque el Gobernador ha mantenido una moratoria sobre las ejecuciones desde 2015. La Oficina del Defensor Público del Condado de Filadelfia (Philadelphia Public Defender; 1441 Sansom Street, Philadelphia, PA 19102; 215-686-5800) es la más grande del estado. El Centro de Justicia Criminal de Filadelfia (Philadelphia Criminal Justice Center; 1301 Filbert Street, Philadelphia, PA 19107) es el tribunal criminal principal de la ciudad.
La marihuana médica es LEGAL en Pennsylvania desde 2016 bajo la Ley del Programa de Marihuana Médica (Medical Marijuana Act — 35 P.S. sec. 10231.101 et seq.) para pacientes con condiciones calificadas (cáncer, epilepsia, PTSD, ansiedad severa, etc.) con una tarjeta de marihuana médica emitida por el Departamento de Salud de Pennsylvania (PA Department of Health; 625 Forster Street, Harrisburg, PA 17120; 877-PA-HEALTH). Sin embargo, la marihuana recreativa es ILEGAL en Pennsylvania — la posesión de menos de 30 gramos es una infracción (misdemeanor de primer grado, hasta 30 días de cárcel + $500 multa); la posesión de más de 30 gramos puede ser un felony. A diferencia de Illinois o Nueva Jersey (estados vecinos), Pennsylvania no ha legalizado el uso recreativo a pesar de los esfuerzos legislativos. Para los inmigrantes en Filadelfia y Allentown: la posesión de marihuana recreativa puede tener consecuencias migratorias graves bajo la ley federal (Schedule I).
El sistema de bail (fianza) en Pennsylvania fue reformado con la Regla 523 de las Reglas de Procedimiento Criminal, que guía a los jueces para considerar el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad al establecer la fianza. En Filadelfia, el Programa de Evaluación de Riesgo Previo al Juicio (Pre-Trial Services) evalúa a los detenidos y recomienda la fianza apropiada. Para las comunidades hispanas de North Philadelphia, Kensington, y Hunting Park — donde las tasas de arresto son desproporcionadamente altas en relación con la demografía — la incapacidad de pagar fianzas incluso bajas resulta en detención preventiva que puede durar meses, afectando el empleo, la vivienda, y la familia. El Fondo de Fianza de Filadelfia (Philadelphia Bail Fund; 215-627-2459) trabaja para publicar a los acusados de bajos ingresos que no pueden pagar fianzas. En Allentown (Condado de Lehigh): el Centro de Detención del Condado de Lehigh (2400 Sprout Road, Easton, PA 18040) alberga a los detenidos del condado.
Las consecuencias migratorias de las condenas criminales son una preocupación crítica para los inmigrantes de Pennsylvania, especialmente en Filadelfia (donde viven aproximadamente 60,000-80,000 inmigrantes indocumentados) y el Corredor I-78 (Allentown, Easton, Reading, Bethlehem — conocido como el "Lehigh Valley" con una de las mayores proporciones de hispanohablantes en el noreste). El caso Padilla v. Kentucky (559 U.S. 356, 2010) — que involucró a José Padilla, un residente permanente de Kentucky que aceptó un plea deal por tráfico de drogas sin saber que resultaría en deportación — fue decidido por la Corte Suprema de EE.UU. estableciendo que los defensores de oficio DEBEN aconsejar a los clientes no ciudadanos sobre las consecuencias migratorias. El Centro de Inmigración de Pennsylvania (PIRC — Pennsylvania Immigration Resource Center; 3400 Bath Pike, Suite 102, Bethlehem, PA 18017; 610-866-0512) tiene una unidad de justicia criminal que asesora a los acusados sobre las consecuencias migratorias de sus casos.
El problema del overpolicing (vigilancia policial excesiva) en los vecindarios hispanos de Filadelfia fue documentado en un informe del Inspector General de Filadelfia de 2020. Los vecindarios de Kensington, Hunting Park, y North Philadelphia tienen mayor presencia policial por la crisis de opioides y el tráfico de drogas en la calle Kensington Avenue (conocida como "El Pueblo de los Espectros" por su crisis de fentanilo). Los residentes hispanos de Kensington (muchos de origen puertorriqueño) son afectados desproporcionadamente por las detenciones y arrestos en esta área. La ACLU de Pennsylvania (P.O. Box 60173, Philadelphia, PA 19102; 215-592-1513) y el Proyecto de Defensa Criminal de PILI (Pennsylvania Institutional Law Project; 718 Arch Street, Suite 304S, Philadelphia, PA 19106; 215-925-2966) investigan y litigan casos de abuso policial y exceso policial en los vecindarios hispanos de Pennsylvania.