Connecticut ha abolido permanentemente la pena de muerte —es el único estado del análisis en esta categoría. En 2012, el Gobernador Dannel Malloy firmó la Public Act 12-5 aboliendo la pena capital para DELITOS FUTUROS (prospectiva). Luego, en State v. Santiago (CT Supreme Court, 2015), la Corte Suprema de Connecticut dio un paso histórico: declaró que la pena de muerte era inconstitucional incluso para los condenados YA en el corredor de la muerte (abolición retroactiva). Esto contrasta radicalmente con Oklahoma —donde las ejecuciones se reanudaron en 2021 y siguen activas— Louisiana (activa), y Kentucky (de facto moratoria). Connecticut es también el único estado del análisis donde el cannabis es legal, la pena de muerte fue abolida, Y existen protecciones de santuario estatutarias robustas —una convergencia de políticas de justicia criminal progresistas que refleja la cultura política de Nueva Inglaterra. La pena máxima en Connecticut para homicidio en primer grado sin la opción de la pena de muerte es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional (life without parole).
El cannabis recreativo es LEGAL en Connecticut desde la Public Act 21-1 (firmada en junio 2021, efectiva julio 2021; ventas minoristas comenzaron el 10 de enero de 2023). Adults 21+: pueden poseer hasta 1.5 onzas en público; hasta 5 onzas en el hogar; cultivar hasta 3 plantas maduras (6 por residencia). Connecticut Department of Consumer Protection (DCP; 860-713-6000; ct.gov/dcp) regula el sector. Una característica ÚNICA de la ley de cannabis de Connecticut: las disposiciones de equidad social (social equity) son las más robustas del análisis: el 50% de las tarifas de licencias va a comunidades impactadas desproporcionadamente por la guerra contra las drogas; los solicitantes de "equidad social" (que residen o residieron en comunidades afectadas, o tienen antecedentes criminales por cannabis) reciben prioridad en el licenciamiento. Además: la ley de cannabis de Connecticut incluye la BORRADO AUTOMÁTICO de condenaciones previas por posesión de cannabis —implementado principalmente a través de la Clean Slate Act de 2021 y la HB 6377 de 2023.
La Connecticut Clean Slate Act (SB 1019, 2021; PA 21-32; efectiva enero 1, 2023) es una de las reformas más significativas de justicia criminal de Connecticut en décadas —y una de las pocas leyes de borrado AUTOMÁTICO en el análisis. Las condenaciones elegibles se borran AUTOMÁTICAMENTE (el individuo no necesita presentar petición) después de un período de espera sin nuevas condenas: misdemeanors (mayoría): 7 años desde el fin completo de la sentencia; felonías seleccionadas (ciertas categorías de crímenes no violentos): 10 años. El borrado automático significa que el registro se cierra en las verificaciones de antecedentes estándar —el individuo puede legalmente decir que NO fue condenado cuando solicita empleo o vivienda (con excepciones para trabajos en seguridad pública o con menores). Para delitos de cannabis específicamente: la HB 6377 de 2023 expandió el borrado de condenaciones previas de cannabis. ADVERTENCIA MIGRATORIA: como en todos los estados, el borrado ("erasure") de Connecticut NO elimina el registro para USCIS —sigue siendo accesible por agencias federales y puede seguir contando como "convicción" para propósitos migratorios. Siempre consulte abogado de inmigración antes de asumir que el borrado de Connecticut resuelve el impacto migratorio.
El Connecticut Trust Act (2019; CGS §54-192h) es la política de santuario más formal del análisis —promulgada a nivel estatal por la legislatura. Prohíbe que agencias de orden público estatales y locales de Connecticut: (1) Detengan a personas basándose únicamente en un ICE civil "administrative detainer" (que no es una orden judicial firmada por juez federal); (2) Pregunten sobre el estatus migratorio de personas a menos que sea directamente relevante a una investigación criminal activa; (3) Compartan información del estatus migratorio de individuos con ICE a menos que la persona haya sido condenada por un delito violento grave o tenga múltiples condenas de felonía. New Haven, Hartford, Bridgeport, y otras ciudades de Connecticut tenían políticas de santuario locales antes del Trust Act —pero la ley estatal las unificó y fortaleció para todo el estado. ICE federal (ICE ERO Boston; 617-565-3100) sigue operando en Connecticut con sus propios medios pero sin la cooperación activa de la policía local y estatal. Para la comunidad latina de Hartford y New Haven: el Trust Act proporciona una protección real y documentada para interacciones con la policía estatal y local —no con ICE federal.
El sistema de diversion criminal de Connecticut es amplio y especialmente relevante para primera ofensores de la comunidad latina: el Accelerated Rehabilitation (AR; CGS §54-56e): primeros ofensores acusados de la mayoría de delitos no violentos pueden solicitar AR —si el juez lo aprueba: el caso se suspende por 1-2 años durante el período de prueba; si completan el período sin nuevas condenas: los cargos son DESESTIMADOS y pueden ser borrados. El AR no es una condena y el individuo puede decir que NO fue condenado cuando solicita empleo o vivienda. El Family Violence Education Program (FVEP): para primeros ofensores acusados de violencia doméstica —alternativa a condena con educación y terapia. Para la defensa criminal en Connecticut: Connecticut Office of the Public Defender (OPD; 860-509-6400; ct.gov/opd) provee representación gratuita para personas que no pueden pagar abogado y enfrentan penas de prisión; para la comunidad latina: hay defensores públicos bilingüe en Hartford, New Haven, y Bridgeport. Connecticut Legal Services (860-344-0380; clsct.org) puede asistir con el análisis del impacto migratorio de cargos criminales; el Consulado General de México en Boston (617-426-4181) tiene representación en Hartford y New Haven.