Carolina del Sur tiene pena de muerte ACTIVA y fue noticia internacional en 2025: el 7 de marzo de 2025, Brad Sigmon fue ejecutado por PELOTÓN DE FUSILAMIENTO —la primera ejecución de este tipo en los Estados Unidos en más de 15 años, y la segunda en el estado ese año (Richard Torrence había sido ejecutado por inyección letal en enero 2025). SC promulgó en 2022 la Ley de Reforma de la Pena de Muerte (S. 200) que permite al condenado elegir entre inyección letal, silla eléctrica, o pelotón de fusilamiento —motivado por la escasez de fármacos para inyección letal. Esta posición contrasta dramáticamente con Maryland (abolida 2013), Wisconsin (abolida 1853), y Colorado (abolida 2020). Para la comunidad latina en SC: cualquier caso de asesinato en primer grado puede calificar para pena de muerte, lo que hace la representación legal desde el inicio absolutamente crítica.
La marihuana recreativa y medicinal permanece ILEGAL en Carolina del Sur —al igual que Wisconsin, SC es uno de los estados del análisis que no ha aprobado ningún tipo de cannabis. Solo el CBD con menos de 0.3% de THC es legal (Hemp Farming Act, SC §46-55-10). Han habido repetidos esfuerzos legislativos para aprobar el "Compassionate Care Act" (uso médico de cannabis, impulsado por el Sen. Tom Davis) pero no ha pasado como ley al momento de este análisis. Para la comunidad latina en SC: posesión de cualquier cantidad de marihuana es un delito —posesión de menos de 1 onza para uso personal: hasta 30 días de cárcel + $200 (primera vez); segunda vez: hasta 1 año + $2,000. La diferencia con los estados vecinos Georgia y North Carolina (también ilegales) pero también con Florida (uso médico) es importante para quienes viajan.
La expurgación de antecedentes penales en Carolina del Sur es más limitada que en la mayoría de estados del análisis. La Ley de Primer Ofensor de SC (First Offender Act; §22-5-910) permite expurgación después de completar exitosamente la sentencia/probatoria, pero solo para ciertos delitos menores y primeras ofensas. Las condenas por delitos graves (felonías) en SC generalmente no son elegibles para expurgación. SC §17-22-910 permite expurgación de cargos desestimados o no procesados —esta es la vía más común y accesible. La Ley de Ofensor Juvenil de SC (Youthful Offender Act; §24-19-10) para ofensores de 17-24 años puede incluir expurgación al completar el programa. Para la comunidad latina en el Upstate SC: un antecedente penal puede afectar el empleo en manufactura automotriz (BMW, Michelin realizan background checks estrictos) y las posibilidades de renovación de DACA.
Varios condados de Carolina del Sur tienen acuerdos 287(g) con ICE —lo que significa que la policía local actúa como agente de inmigración. Los condados con acuerdos 287(g) en SC incluyen Beaufort County, York County, y Greenville County. Para la comunidad latina en Greenville o Spartanburg: un arresto por cualquier causa (incluso un malentendido) puede resultar en verificación de estatus migratorio. La sentencia Padilla v. Kentucky (SCOTUS 2010) requiere que los abogados defensores informen a sus clientes inmigrantes sobre las posibles consecuencias de inmigración de cualquier declaración de culpabilidad (plea). SC Appleseed Legal Justice Center (803-779-1113; scjustice.org) monitorea los acuerdos 287(g) y puede informar sobre qué condados tienen mayor cooperación con ICE. El Anderson County Detention Center y otras instalaciones en SC han alojado detenidos de ICE.
La Oficina del Defensor Público (Public Defender's Office) existe en cada circuito judicial de SC para quienes no pueden pagar abogado. El sistema de circuitos judiciales de SC divide el estado en 16 circuitos —el Circuito 13 cubre Greenville y Pickens (importante para la comunidad latina del Upstate), y el Circuito 7 cubre Spartanburg y Cherokee. Para servicios legales gratuitos más allá de la representación pública: SC Legal Services (803-744-9430; sclegal.org) no maneja casos criminales directamente pero puede conectar con recursos. SC Bar Association Lawyer Referral (803-799-7100; scbar.org) para consultas iniciales. Para casos criminales con implicaciones migratorias: se recomienda coordinar desde el principio entre el abogado penalista de SC y un abogado de inmigración — ILCM (651-641-1011) u otras organizaciones de inmigración que puedan consultar en SC. Hispanic Alliance Greenville (864-235-1522) tiene lista de abogados bilingües.