Maine abolió la pena de muerte en 1887 —el ESTADO CONTINENTAL DE EE.UU. CON LA ABOLICIÓN MÁS ANTIGUA DE TODOS LOS 50 ESTADOS. Para poner esto en perspectiva: cuando Maine eliminó la pena capital en 1887, Colorado aún no era estado (lo fue en 1876 pero su abolición fue en el siglo XX), Hawaii tenía décadas antes de convertirse en territorio (1898), y West Virginia —que abolió en 1965 y es el estado más reciente del análisis en hacerlo entre los que ya no tienen pena de muerte— tenía la pena capital durante otros 78 años después de la abolición de Maine. La historia de la abolición de Maine es un reflejo de la cultura política independiente y pragmática de este estado nordeste: Maine ha votado por candidatos de ambos partidos históricamente y tiene una tradición de políticas moderadas que no están ideológicamente ancladas. Para las comunidades latinas de Maine, esta historia significa que el sistema penal de Maine opera sin el espectro de la pena de muerte desde hace más de un siglo. El cannabis fue legalizado para uso recreativo en Maine en 2016 (Question 1; Marijuana Legalization Act; 28-B M.R.S.) con ventas que comenzaron en 2020 —convirtiéndose Maine en uno de los primeros estados de New England en legalizar.
La crisis de opioides en Maine ha tenido un impacto devastador en el estado, con tasas de sobredosis per cápita que frecuentemente se ubican entre las más altas de New England. El fentanilo, transportado principalmente a través del corredor de la I-95 desde Boston (el mismo corredor por el que entran los turistas de verano), es la droga predominante en el norte de Maine. Esta crisis ha transformado el sistema de justicia penal de Maine: los Drug Courts en Maine (Cumberland County Drug Treatment Court en Portland; Penobscot County Drug Treatment Court en Bangor; Androscoggin County Drug Court en Lewiston) priorizan el tratamiento sobre el encarcelamiento para personas con adicciones que cometen crímenes no violentos. Para los trabajadores latinos de Maine —que generalmente no son el grupo demográfico más afectado por la crisis de opioides en el estado, pero sí pueden ser afectados por la proximidad a redes de distribución— el acceso al Drug Court puede ser una alternativa crucial al encarcelamiento, especialmente para casos de posesión. Las organizaciones de tratamiento de adicciones en Maine que tienen servicios en español o para comunidades de inmigrantes incluyen: ACADIA Hospital (Bangor; 207-973-6100; acadiahospital.org) y Milestone Foundation (Portland; 207-874-1080; milestonefoundation.org).
El proceso penal en Maine para los no ciudadanos tiene las mismas implicaciones migratorias que en otros estados del análisis. El caso Padilla v. Kentucky (559 U.S. 356; 2010) requiere que los abogados defensores informen a sus clientes no ciudadanos sobre las consecuencias migratorias de cualquier declaración de culpabilidad. En Maine, la Oficina del Public Defender (Maine Commission on Indigent Legal Services; MCILS; 207-287-4230; maine.gov/mcils; 125 State House Station, Augusta, ME 04333) asigna defensores públicos a acusados que no pueden pagar abogado privado. Para los trabajadores latinos acusados de crímenes en Maine —con mayor frecuencia: cargos de DUI (OUI en Maine), posesión de drogas, delitos de tráfico, o disputas laborales— la MCILS puede asignar un defensor público que tiene la obligación legal de consultar con un especialista en inmigración sobre las consecuencias migratorias del plea. El derecho Gideon v. Wainwright (372 U.S. 335; 1963) garantiza representación para cargos con posible cárcel. Miranda v. Arizona (384 U.S. 436; 1966) aplica plenamente en Maine —los tribunales de Maine aplican estrictamente el requisito de Miranda. El Maine Supreme Judicial Court (Law Court) ha emitido decisiones que en algunos casos proveen más protecciones bajo la Constitución de Maine que el mínimo federal.
El cannabis en Maine es legal para uso recreativo desde 2020 (28-B M.R.S. §101 et seq.; Maine Office of Cannabis Policy; 207-287-3282; maine.gov/dafs/ocp). Los adultos de 21 años o más pueden: poseer hasta 2.5 onzas de cannabis en público; tener más en casa; cultivar hasta 3 plantas femeninas con flores para uso personal. Sin embargo, para los inmigrantes en Maine: el uso de cannabis —aunque legal bajo la ley de Maine— puede afectar solicitudes migratorias porque el cannabis sigue siendo una droga Schedule I bajo la ley FEDERAL. USCIS aplica la ley federal, no la estatal. El uso de cannabis durante el período de "good moral character" (5 años para naturalización) puede ser problemático. Para los trabajadores H-2A en Maine: no deben usar cannabis —las pruebas de drogas del empleador pueden detectarlo y es motivo de terminación del contrato, y además puede afectar futuras visas. La posesión de cannabis por menores de 21 años sigue siendo una infracción civil en Maine. El Maine Office of Cannabis Policy (207-287-3282; maine.gov/dafs/ocp) regula el mercado de cannabis del estado. Las tiendas de cannabis en Maine pueden verificar la edad con matrícula consular o pasaporte extranjero (verificar en la tienda específica).
La expungement (borrado de antecedentes) en Maine tiene un sistema más limitado que muchos otros estados. Maine (15 M.R.S. §§2263-2264) permite principalmente el borrado de registros de condenas cometidas antes de los 21 años (tratamiento similar a menores) y de ciertos registros juveniles. Los adultos con condenas de misdemeanor o felonía en Maine generalmente NO pueden expungir sus registros — esto es MÁS RESTRICTIVO que New Hampshire (que tiene el sistema de "annulment" de RSA 651:5) y significativamente más restrictivo que Nuevo México (con la ley de expungement de 2019 muy amplia). Las detenciones sin condena en Maine pueden ser más accesibles para borrar. Para los trabajadores latinos de Maine con registros criminales que afectan el empleo: Pine Tree Legal (207-774-8211; ptla.org) puede orientar sobre las opciones de expungement disponibles. Para los que tienen antecedentes que afectan el estatus migratorio: la combinación de asesoría penal y de inmigración es esencial. MCILS (207-287-4230; maine.gov/mcils) para acceder a un defensor público; Maine Commission on Indigent Legal Services (207-287-4230; maine.gov/mcils; 125 State House Station, Augusta, ME 04333) para representación penal accesible. Portland Public Defender (207-822-4400; District Office Portland). Para Lewiston: 207-784-2400. Para Bangor: 207-561-2900.