Colorado abolió la pena de muerte en marzo de 2020 (SB 20-100, firmado por el gobernador Jared Polis), convirtiéndose en el 22vo estado en abolirla. Los tres presos que estaban en el corredor de la muerte de Colorado tuvieron sus sentencias conmutadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta decisión fue influida por inquietudes sobre la aplicación discriminatoria por raza y por errores judiciales documentados en casos de pena de muerte. Colorado se une a Maryland (abolida 2013) y Wisconsin (abolida 1853 — desde antes de que Colorado fuera estado!) entre los estados analizados que no tienen pena de muerte, distinguiéndose de Missouri (activa), Tennessee (activa), e Indiana (de facto moratorio).
Colorado fue uno de los dos primeros estados del país en legalizar el cannabis recreativo (junto con Washington), mediante la Enmienda 64 aprobada por los votantes en noviembre de 2012, con ventas en dispensarios iniciando en enero de 2014. Adultos de 21 años o más pueden poseer hasta 1 onza (28 gramos) de cannabis, consumirlo en lugares privados, y cultivar hasta 6 plantas en casa (3 maduras y 3 inmaduras). Colorado tiene un programa robusto de equidad social en el licenciamiento de dispensarios —diseñado para incluir a comunidades como las comunidades negras y latinas del Five Points y Montbello en Denver que fueron desproporcionadamente afectadas por la "guerra contra las drogas." Nota migratoria crítica: el cannabis sigue siendo ilegal bajo ley federal; las condenas estatales de Colorado —incluso las que ya habrían sido legales bajo ley actual y pueden sellarse— pueden tener consecuencias migratorias federales persistentes.
El sistema de sellado de récords ("record sealing") de Colorado (Colo. Rev. Stat. §24-72-701 et seq.) es más flexible que el sistema de Wisconsin y diferente al expungement de Maryland, Indiana, y Missouri. Colorado permite: (1) sellado inmediato de arrestos sin condena; (2) sellado de ciertas condenas por misdemeanor después de períodos de espera; (3) petición de sellado de condenas de cannabis que ahora serían legales (SB 20-161, 2020); (4) provisiones de sellado automático para algunas ofensas menores. A diferencia de Indiana (donde la petición de expungement es "one-and-done"), Colorado permite múltiples peticiones para diferentes casos. El Colorado Bureau of Investigation (CBI) mantiene los registros criminales; el sellado ante el CBI es necesario para que el récord no aparezca en verificaciones estatales.
La Constitución de Colorado (Art. II §7) provee protecciones contra registros y allanamientos que los tribunales de Colorado han interpretado de manera independiente de la 4ª Enmienda federal en algunas circunstancias. A diferencia de algunos estados, Colorado NO aplica la "excepción de buena fe" (good faith exception) en el mismo grado que los tribunales federales para evidencia obtenida ilegalmente —lo que puede dar a los defensores criminales argumentos adicionales para suprimir evidencia en ciertos casos. Para la comunidad latina en Aurora (con su historia reciente de controversias sobre operaciones del ICE y de la policía) y en los vecindarios de Globeville y Elyria-Swansea de Denver (donde la presencia policial ha sido históricamente más pesada), estas protecciones constitucionales estatales son relevantes.
Aurora, Colorado tuvo titulares nacionales en 2024-2025 relacionados con supuestas actividades de pandillas venezolanas en complejos de apartamentos —un episodio que generó intenso debate político y afectó negativamente la percepción pública de todos los inmigrantes venezolanos y latinoamericanos en Colorado, independientemente de su estatus legal. Para residentes latinos legales o con DACA en Aurora y Denver que enfrentan discriminación o perfilamiento racial en estas circunstancias: la Colorado Civil Rights Division (CCRD; 303-894-2997) y el ACLU of Colorado (303-777-5482; aclu-co.org) pueden asistir con denuncias. RAICES Colorado (303-595-9605) proporciona representación de emergencia en casos criminalizados con dimensión migratoria.
Recursos de defensa criminal en Colorado: Colorado State Public Defender (303-764-1400; coloradodefenders.us): representación gratuita para personas elegibles según ingresos. Colorado Legal Services (303-837-1313; coloradolegalservices.org): asistencia en casos civiles y referrals a defensa criminal. ACLU Colorado (303-777-5482): defensa de derechos civiles. El Fondo para la Justicia de Colorado (Colorado Justice Fund) apoya organizaciones de defensa de comunidades subrepresentadas. Para sellado de récords: Colorado Legal Services tiene una Feria de Récords periódica donde abogados voluntarios ayudan a presentar peticiones de sellado sin costo. Para trabajadores de JBS en Greeley o trabajadores agrícolas del condado de Weld: Colorado Legal Services tiene oficina en Greeley (970-352-6290).